Category: Derecho Administrativo

La expropiación forzosa es una institución de derecho público que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad de un particular a otro particular por razón del interés público y previo pago de su valor económico.

Se puede expropiar una propiedad privada así como derechos o intereses patrimoniales legítimos. Se puede ordenar la venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera adquisición de su ejercicio.

En la expropiación forzosa concurren los siguientes elementos:

Sujetos – El expropiante, que es el beneficiario de la expropiación. Tiene potestad para expropiar la administración pública en sus distintas esferas territoriales.
Objeto – Pueden ser objeto de una expropiación forzosa “la propiedad privada o derechos o intereses patrimoniales legítimos”. No pueden ser expropiados los bienen de dominio público.
Fin – Es necesario que la expropiación se lleve a cabo en favor del interés social. Este termino concreta el concepto de utilidad pública.

EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN
El procedimiento de expropiación se lleva a cabo en 4 etapas:

Declaración de utilidad pública o de interés social. Autorización de la expropiación
Aplicación a un bien o derecho concreto
Fijación de la indemnización
Consumación por el pago y toma de posesión
Los tramites de la expropiación se inician con una relación de los bienes o derechos a expropiar que la administración expropiante presentará al expropiado. Después se abre un plazo de 15 días para que cualquier persona pueda aportar datos para solicitar posibles rectificaciones u oponerse, por razones de fondo o de forma, a la ocupación. Durante los 20 días siguientes la administración procede al examen y calificación de los escritos de oposición.
Concluida esta primera fase de información pública, se acuerda con un acto administrativo la necesidad de ocupación. En este momento se puede interponer un recurso de alzada ante el ministerio competente pero contra la resolución de este no cabe impugnación por vía contencioso -administrativa.
La determinación del justiprecio se puede llevar a cabo con un acuerdo libre y amistoso entre las partes y con este acuerdo se da por concluido el expediente. Si no existe acuerdo la ley establece una serie de trámites para la determinación del precio. La facultad de fijar el precio corresponde al jurado provincial de expropiación.

Toledo, como cada capital de provincia, dispone de este organismo.

Jurado Provincial de Expropiación de Toledo
Plaza de Zocodover 6, 45071 Toledo
Teléfono: 925 989 000

Si la fijación del precio justo se demora la ley reconoce en ciertos casos un derecho a indemnización e incluso si transcurren más de dos años sin que se abone el justiprecio la ley prevee que se proceda a una nueva evaluación de la cosa expropiable.

El acuerdo de necesidad de ocupación es inimpugnable pero sí puede impugnarse un vicio sustancial de forma o la violación o la omisión de cualquiera de los preceptos establecidos en la ley de expropiación forzosa.
También puede abrir la vía contencioso administrativa la posible lesión de alguna de las partes en la determinación del precio.

Autor: Lex Toledo Abogados
Fuente: Fernando Garrido Falla